En recorrido realizado por las ciudades de Bayamo, Manzanillo y Yara por el Observador de Derechos Económicos de la Región Oriental y colaboradores de dichos municipios, se pudo constatar que la inmensa mayoría de los Trabajadores por Cuenta Propia se vieron en la obligación de cerrar por las medidas adoptadas por el Gobierno para evitar la propagación del COVID-19.
El mayor problema está en que esto crea mayor escasez de productos alimenticios y, al mismo tiempo, causa inestabilidad en los ingresos en aquellos TCP que son contratados por los dueños de negocios.Solo las instituciones de comercio y gastronomía estatales prestan servicios en horarios reducidos, aunque en ningún momento logran evitar las aglomeraciones de personas en busca de comida y aseo personal.
A pesar de la retórica de las autoridades nacionales y regionales, la crisis sanitaria por el nuevo coronavirus pone de manifiesto la incapacidad para adecuar los monopólicos canales de distribución y las cadenas logísticas en función de la distribución (venta) de mercaderías a la población.