El gobierno de Díaz Canel clama auxilio a los emprendedores para sostener la débil infraestructura sanitaria de la Isla; mientras, deja sin amparo a la administración pública y se diluyen las capacidades de recuperación económica a mediano plazo.
El Ministerio de Finanzas y Precios emitió la Resolución 338/2021, que excluye a los cuentapropistas del pago del Impuesto sobre Ventas o Ingresos Personales, cuando se contraten sus ofertas por instituciones de salud en función del enfrentamiento a la pandemia.
Así, han de presentar las prestaciones realizadas y sus cuantías ante la Oficina Nacional de Administración Tributaria (ONAT) locales; claro, previamente certificadas por el Consejo de la Administración Municipal o Gobernadores Provinciales.
Las autoridades bonifican en el pago de tributos a los privados que comercializan productos y servicios en función del aseguramiento para la atención de pacientes afectados por la Covid-19, aunque éstos no se correspondan con sus actividades habituales.
La medida tiene un objetivo similar al de otras recientemente ya aplicadas; tales como, las resoluciones 321, 322 y 323 de igual ministerio, que se basan en los incisos a) y f) de la Ley 113 del Sistema Tributario, en su Disposición Final Segunda.
Y llama la atención cuanto se deterioran los ya frágiles ingresos al Presupuesto del Estado para el venidero 2022; por lo que, será difícil sostener el gasto público social destinado fundamentalmente a la salud pública y educación, agravándose el escenario actual.
Se ha de caminar hacia una reforma tributaria de carácter regresivo y promover la inversión extranjera en alianza con locales, para impulsar el comercio a nivel territorial a través de Zonas Espaciales de Desarrollo y no caer en las garras de la tecnocracia.