Sergio Sosa Delgado es un artesano cubano que realiza regularmente su actividad. El pasado jueves se encontraba en el municipio de Ranchuelo de la provincia de Villa Clara, debido a que su horno particular está roto y gestión el acabado de sus obras con un amigo que residen en este municipio. Un funcionario lo interceptó a una cuadra de la terminal de ómnibus con una caja de cartón donde almacenaba dichas obras, ya acabadas y para transportar hacia su residencia en Santa Clara,cuidad cabecera de la provincial.
El inspector de la Dirección de Inspección y Supervisión del Ministerio de Finanzas y Precios del municipio de Ranchuelo, le aplicó una multa ascendente a 1500 CUP bajo el supuesto de que estaba comercializando esas obras sin tener licencia para ello. Sergio le explicó la situación e incluso le mostró que la caja estaba sellada, para proteger su obra. (El salario promedio mensual en la provincia de Villa Clara según el Anuario Estadístico del 2015 asciende a 702 CUP).
A juicio de este Observador de derechos económicos, varios factores inciden en esta situación de clara irregularidad, que como se hace habitual, recae sobre el ciudadano desprotegido. La falta de comprensión por parte de las autoridades “competentes”, existencia de normas jurídicas con altos grados subjetivistas y un esquema salarial que relaciona el salario del funcionario en proporcional directa con el número y monto de multas que sea capaz de aplicar.