El gobierno cubano colapsó financieramente a consecuencia de la reforma monetaria y cambiaria que realiza, pese a los intentos desesperados por enfrentar las afectaciones de la COVID-19 y el impacto de las políticas del presidente Trump.
El Presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular de la República de Cuba se hizo parte del Decreto Ley No. 24/2020 del Consejo de Estado “Modificativo de la Ley del Presupuesto del Estado en el año 2020”, que presenta un déficit ascendente a 20 mil 733 millones 933 mil CUP.
La deuda pública contraída es de 26 mil 350 millones 633 mil CUP, que es la suma del déficit del Presupuesto del Estado del año en curso y de las amortizaciones de deudas de períodos anteriores, que corresponde pagar este año y de las garantías soberanas recuperables.
Para atenuar la profunda crisis, se aplicará el impuesto sobre ingresos personales a los trabajadores del sector presupuestado y a los vinculados a la inversión extranjera, así como a todos aquellos contratados para la Zona Especial de Desarrollo Mariel.
Se facultó al Ministerio de Finanzas y Precios la emisión de Bonos Soberanos con un plazo de amortización de hasta 50 años y una tasa de interés promedio del 0,5% anual por cada emisión, todo ello para financiar la deuda pública que incrementa el déficit fiscal. Pero, bien sabe el Ministro y cualquier analista económico que a Cuba le será muy difícil captar esos recursos a un interés inferior al 5% anual.
La situación genera un incremento del proceso inflacionario que limita a los trabajadores el acceso a bienes y servicios básicos, ralentiza la recuperación del comercio interior en el país e incide negativamente en los cuentapropistas y cooperativas.
Hay que revisar la política de formación del Presupuesto del Estado para disminuir el gasto público no social, cuyo valor es similar al aporte de los emprendedores en impuestos y que consume alocadamente la burocracia instalada en las organizaciones políticas y de masas.