El 9 de julio de 2020, el gobierno cubano publicó en la Gaceta Oficial No.48/2020 un grupo de normativas que amplían el régimen de tributación a 4 929 marinos contratados.
Se aplicará una tasa de un 15 a un 30% para el pago del impuesto sobre ingresos personales utilizando la conversión a pesos (CUP), de manera que a mayores ingresos obtenidos, mayor será el aporte.
La contratación de servicios sucede entre la naviera extranjera y la empresa estatal SELECMAR, esta última contrata a los marinos y estos a su vez firmarán un convenio laboral especial con la compañía extranjera.
Está claro, la medida pretende sustraer los ingresos de los marineros contratados al igual que se realiza con los médicos en el exterior para captar divisas que permitan financiar el gobierno.
La aplicación de estas normativas desampara a los trabajadores en época de crisis y legaliza la aparición de una nueva forma de explotación similar a la esclava.
Es prudente no hacer del trabajo digno un producto accesible sólo en el exterior pues su única intención es satisfacer el consumo doméstico en los hogares de cada cubano.
Hay que disminuir los gastos en la administración pública liberando las fuerzas productivas profesionales que abonarán los ingresos al gobierno a través del pago de impuestos.
Se debe llamar la atención sobre la necesidad de abordar el Código de Trabajo de la República de Cuba, pues no caben dudas sobre la ineficiencia de la legislación y de las violaciones que se acometen.
De forma consecuente, urge la reforma tributaria para garantizar la acumulación de capital y la reproducción económica conforme a garantías jurídicas en beneficio de los trabajadores.