El gobierno cubano transita hacia una transformación del orden económico nacional que permita aumentar las capacidades de producción de bienes y servicios.
La visión del régimen ha sido desarrollar la oferta de insumos con destino a renglones que poseen ciertos niveles de rentabilidad, para incrementar las exportaciones.
Se pretende captar divisas a través de la relación entre el sector público y el privado, el primero encausando al comercio exterior y el segundo a la exportación en frontera.
En tal caso, ocurre un incremento de las fichas de costos de productos que posean elementos importados, afectando la competitividad en el mercado internacional y el consumo final.
Se ha conceptualizado una reforma monetaria que apenas modifica el mal funcionamiento del comercio interior y no brinda un escenario favorable a los emprendedores.
La aparente autonomía otorgada a la empresa estatal socialista aún opera bajo criterios de centralización que frena sus potencialidades en medio de una profunda crisis.
Sin embargo, aún está en marcha el proceso de institucionalización de los cuentapropistas como PYMES, razón que ha de barrer con las falsas cooperativas que existen.
El contexto exige apresurar la reforma tributaria para garantizar un marco adecuado a una necesaria liberación de las fuerzas productivas profesionales, capaz de exportar sus servicios.
Se deben implementar políticas que no restrinjan las relaciones económicas y fomenten la confianza entre los diversos actores, como razón fundamental en la reconstrucción de la nación.