Las autoridades de Villa Clara amenazaron a los choferes de autos privados que, de no presentarse a trabajar, podrían perder sus licencias operativas.
«Los transportistas privados que no se presenten a trabajar en sus respectivas piqueras para este viernes 16 de agosto, podrán perder la licencia operativa de transporte», dijo al semanario oficial Vanguardia Héctor Amador González, director provincial de Transporte.
Los choferes han dejado de prestar servicio luego de la aplicación, desde el pasado 12 de agosto, del tope de precios a sus servicios, presentado por el Gobierno cubano como una medida que busca evitar el aumento de los precios que podría provocar el recién aplicado aumento salarial a una parte de los trabajadores estatales.
Vanguardia reconoció que, desde ese día, «ha mermado considerablemente el flujo de porteadores por cuenta propia en la ciudad de Santa Clara y el resto de los municipios».
«No vamos a permitir actitudes que vayan en contra del pueblo. Los propietarios de la licencia operativa tienen la obligación de ejercer su trabajo», advirtió Amador González.
«Hay causales en la ley que permiten la suspensión temporal de la licencia ante casos de roturas, enfermedades u otros, por las cuales no puedan ejercer la actividad por un tiempo hasta 90 días. Alertamos a los titulares que quien entregue la licencia para luego ejercer de forma ilegal estaría realizando una actividad económica ilícita y eso es un delito penalizado», amenazó.
El funcionario también pidió a los choferes «asimilar las nuevas medidas no como disposiciones en contra de su economía, sino como necesarias para que el pueblo trabajador pueda tener opciones de transportación. Los precios topados son irrevocables e irreversibles, de eso, no tengan duda».
Pese a las amenazas y advertencias de las autoridades, en varias provincias cubanas buena parte de los choferes privados han ejecutado una «huelga de brazos caídos».
También en la vecina Cienfuegos, la pasada semana el Gobierno provincial envió un ultimátum a los transportistas privados, indicando que de no volver a prestar servicio, deberían afrontar multas y el retiro de sus licencias como «cuentapropistas».
Pese a ello, una semana después de pronunciada esa amenaza, muchos de los choferes siguen sin salir a trabajar, como reportó DIARIO DE CUBA. Hasta el 13 de agosto, la piquera de autos de alquiler que cubren la ruta Santa Clara-Cienfuegos permanecía casi sin movimiento. Algo similar se podía observar en la piquera intermunicipal responsable de la ruta Cienfuegos–Cumanayagua. En ambas áreas, decenas de pasajeros se aglomeraban a la espera de transporte.
Uno de los transportistas en paro, que pidió mantenerse en el anonimato, dijo que el descontento no solo se debe a los precios topados. De igual modo incide en el estado de ánimo la reciente imposición que los obliga comprar el combustible en las gasolineras estatales. Con anterioridad, muchos adquirían el carburante en el mercado negro por un precio un 50% inferior de lo que deben pagar ahora.
El Estado los obliga ahora a usar una tarjeta magnética de la firma FINCIMEX S.A., perteneciente a los militares cubanos, con la que deben adquirir el combustible en pesos convertibles (CUC).
Una medida similar aplicada en Santiago de Cuba en abril trajo como consecuencia una huelga silenciosa de choferes.
La huelga originó un verdadero caos en el transporte urbano. El déficit de ómnibus obligó a las autoridades a reforzar y a utilizar guaguas de otras líneas para aliviar la acumulación de usuarios en las paradas. Incluso las rutas a los municipios, cuyo mayor volumen estaba cubierto por los transportistas privados, tuvo que ser reforzada con ómnibus articulados de la ciudad de Santiago y de TRANSTUR.
Los camioneros en huelga sostuvieron que el costo del combustible es elevado para los precios topados por el Estado, el kilometraje y los precios del pasaje. Un chofer de camión consultado por DIARIO DE CUBA indicó que los transportistas del sector privado también le han exigido al Estado dónde adquirir accesorios, neumáticos y baterías para sus camiones.
«Pese a los años que llevamos aportándole al Estado ingresos millonarios, este solo recibe ganancias y no nos garantiza una sola pieza. Cada camionero ingresa anualmente cientos de miles de pesos a través del 10% sobre los ingresos, el fisco y la declaración jurada de cada año», concluyó la fuente.
No obstante, las autoridades de esos territorios no aclaran cómo ofrecerán los servicios que esos vehículos prestan a la población. La reducción de la disponibilidad de combustible del Gobierno cubano debido a la crisis que sufre su aliado Venenzuela ha obligado a racionar su uso, con la consiguiente reducción del servicio público de transporte, cuyo impacto mayor se siente en las ciudades de provincia.
