A pocos días de su salida de la Casa Blanca, el presidente estadounidense Joe Biden retiró a Cuba de la lista de países patrocinadores del terrorismo, de la que la Isla formó parte desde 1982 y sólo fue excluida durante el “deshielo” en la era Obama.
Se prevé que la medida sea revertida en breve tras el regreso de Trump a la presidencia, quien podría anular la iniciativa sin necesidad de apoyo en el Congreso tras las declaraciones del recién nombrado Secretario de Estado Marco Rubio.
Para el gobierno de Díaz-Canel regresar a la lista significa asumir restricciones de acceso a créditos internacionales como préstamos del Fondo Monetario Internacional, ayudas económicas a países subdesarrollados y demandas civiles en tribunales estadounidenses.
Sin embargo, salir de la lista de patrocinadores del terrorismo podría favorecer al sector privado cubano, ofreciendo oportunidades a los servicios de alojamiento, gastromía y transportación de pasajeros, capaces de generar riqueza y empleos dignos en las comunidades.
Aunque, sólo es de esperar un crecimiento en la demanda de visitantes estadounidenses orientados al consumo de bienes y servicios en zonas urbanas; y esto, por el encarecimiento actual de las ofertas, a las que los clientes europeos no les alcanza.
La exclusión de Cuba de la lista negra supone un acceso a fuentes de financiamiento en el exterior, pero no implica la disposición de los organismos bancarios y financieros a ofrecer financiación a un país endeudado y que se niega a pagar a sus acreedores, incluso a sus aliados estratégicos.
La inestabilidad de la política estadunidense en los últimos 10 años respecto a las operaciones financieras y crediticias del Sistema Bancario Internacional en sus relaciones con la Isla, así como sus repercusiones, constituye un estigma del que difícilmente pueda sacudirse La Habana.
Por otro lado, Biden permite las transacciones entre entidades estadounidenses y empresas militares pertenecientes al conglomerado GAESA, quien hoy controla el proceso de dolarización de la economía en la Isla a través de sus instituciones financieras y de servicios turísticos extra hoteleros.
Además dispuso la suspensión del título 3 de la Ley Helms-Burton, con ello impide se presenten demandas contra empresas que ocupen terrenos expropiados por el gobierno cubano desde 1959 y sobre los cuales alguien reclama derechos de propiedad.
Pero, las demandas que ya han sido presentadas continuarán su curso legal y esto desincentiva y preocupa a los inversionistas españoles del sector hotelero que siempre temen que éstas puedan ser reactivadas a corto o mediano plazo tras el regreso de Trump.
Si bien las medidas de Biden oxigenan las finanzas del régimen, no alivian el impacto de la crisis en la sociedad, pues el sector privado nacional ha sido subordinado a la empresa estatal socialista en sus procesos de importación-exportación.
Resultan interesantes las últimas declaraciones a la prensa de Bruno Rodríguez – Ministro de Relaciones Exteriores de Cuba – quien emplease el término “sector privado” para referirse a mipymes, cooperativas y cuentapropistas, hasta ahora reconocidas por el oficialismo como “sector no estatal”.
En cualquier caso, el gobierno cubano no ha utilizado en la negociación la liberación del ejercicio privado de los servicios profesionales ni de actividades asociadas al turismo, elementos que podría articular en el futuro para resistir el regreso de Trump a la Casa Blanca.