El gobierno cubano ha proclamado una multitud de medidas trascendentales, aunque se ha puesto en duda su efectividad debido a lo tardío de su implementación.
Las autoridades pretenden estimular las fuerzas productivas a través del sector privado, creando pequeñas y medianas empresas encadenadas con el sector estatal para refinanciar a esta última.
Se prevé cierta lentitud en los proceso de toma de decisiones en una burocracia presionada por la espera de los ciudadanos que están dispuestos a un cambio social radical.
Los emprendedores afectados por las restricciones, la escases y los problemas estructurales de la economía se aprovisionan con divisan y utilizan recursos humanos de alta calificación.
El Estado ha reconocido que muchas actividades funcionan como empresas privadas y que no son trabajadores por cuenta propia, teniendo que permitir la creación de PYMES.
Las nuevas empresas privadas serán un experimento que se pretende sea ágil para finalmente conducir al despegue económico de la nación que presenta un mercado interno deforme.
A su vez, son insuficientes las inversiones extranjeras para satisfacer las demandas acumuladas y por ello el sector privado ha de ocupar un papel protagónico.
El aumento de las importaciones en detrimento de las exportaciones, así como el mal manejo de la política monetaria en medio de la COVID-19 que afecta al turismo puede acentuar el mal.
Es imprescindible descentralizar el modelo de manera pragmática que permita un flujo financiero estable y cierto equilibro en la balanza comercial para renegociar las deuda externas.