Un nuevo proceso en las zonas rurales se inicia a través del Decreto Ley 358/18 y su Reglamento 350/18, que impulsan la disminución de la estructura del Ministerio de Agricultura y sus delegaciones territoriales, relacionado con la entrega de tierras ociosas a usufructuarios.
Hasta el momento, se incrementa a 26.84 hectáreas la superficie de tierra máxima a entregar en usufructo a personas naturales e igualmente la utilización de tierras ociosas para las producciones de cría y ceba de ganadería comercial.
Las disímiles formas de cooperativas y productores individuales revelan un alto grado de interés en la utilización de las tierras, aunque limitado por el acceso a bienes de inversión y mercados dinámicos para sus productos.
El principal problema del productor es no tener acceso a áreas mayores para producir más, todo apunta a la promoción de un cambio estructural real en el campo, pues las modificaciones son extremadamente lentas, tanto en los regímenes de tenencia, como en la comercialización.
La transformación del sector agropecuario es profunda, no sólo por el uso y la gestión de la tierra, sino porque abarca esferas de la comercialización y el acceso al crédito agrícola, insumos y equipos de forma directa.
El acceso al mercado
Los problemas de fondo para que el productor agrícola en Cuba pueda decidir de acuerdo con la demanda son las condiciones climáticas y la situación de su parcela sobre lo que va a producir y cómo hacerlo. Estos giran alrededor de la contratación de fuerza de trabajo compatible con el desarrollo de su unidad de producción.
De manera general, han aumentado los volúmenes de producción, pero no de forma homogénea y para los productores se han diversificado los destinos: consumo normado, consumo social, mercado agropecuario, mercado de precios topados, turismo y exportaciones. Aunque, la producción ha crecido menos que la disminución de importaciones, debido a dos elementos fundamentales:
1) La inclusión de mecanismos de mercado: la producción que se destina a espacios mercantiles es muy pequeña, los programas de sustitución de importaciones a la vez que significan un ahorro para el país y permiten al Estado mantener sus sistemas de subsidios a menor costo, compiten con el abastecimiento a los mercados agropecuarios.
2) Los derechos sobre la tierra y la visión de la propiedad: los productores venden la mayor parte de sus producciones al Estado para satisfacer sus necesidades de protección social, las cantidades que se destinan a los mercados agropecuarios, incluso en las regiones agrícolas, son mínimas haciendo que los precios se mantengan elevados (García y Anaya, 2016).
Persisten los problemas asociados con el modelo centralizado de la economía, donde la Empresa Estatal Agropecuaria continúa en muchos casos siendo la principal proveedora de insumos y servicios, al tiempo que establece planes de producción comprometidos con el consumo social.
Actualmente, las estrategias de las Cooperativas de Créditos y Servicios (CCS) y Cooperativas de Producción Agropecuaria (CPA) arriendan mercados en las capitales provinciales, gestionan la venta de hortalizas y frutas a industrias en otros territorios, o hacia mini-industrias, que garantizan salidas de productos de poco interés para los intermediarios mayoristas y la obtención de ganancias
En territorios que representan polos productivos, la mayoría de los productores realizan las ventas directamente a intermediarios cuentapropistas, que luego venden en mercados mayoristas, con lo que se desestimulan algunos cultivos que no tienen vías de comercialización.
Con la venta directa a los intermediarios, el riesgo es mayor, ya que no siempre están claras las normas de comercialización: precios, peso, calidad, pues por lo general no existen contratos entre los campesinos y los intermediarios.
Sólo se benefician de la libre comercialización los productores y cooperativas que cuentan con determinadas condiciones para comercializar, entre ellas transporte, envase y personas dedicadas a esta labor.
El proceso de descentralización de la comercialización de la producción en 2015, mostró cuanto queda por aprender de la lógica mercantil y de los riesgos económicos que enfrentan los productores individuales.
En Enero de 2016, la crisis alimentaria por el desabastecimiento de productos en los mercados agropecuarios y la inconformidad de los productores y cooperativas, hace renacer la empresa de Acopio, que ahora contrata otra vez hasta el 80% de las producciones.
Las medidas posteriormente adoptadas para el sector no garantizaron los volúmenes productivos ya que aún persiste un modelo de gestión orientado desde la producción y la entrega de tierras sin enfoque a la demanda, una escasa inversión en el sector y fricciones para la liberalización del mercado de insumos y equipos.
Vale subrayar, la convivencia de mecanismos de mercado con un elevado y discrecional papel de la empresa estatal agropecuaria que no facilita la producción y la comercialización, que limita la autonomía de los pequeños productores.
La propiedad como estructura agraria
Los campesinos cubanos han tenido que moverse siempre entre mercados estrictamente controlados por el Estado y mercados liberados, situación que no ha favorecido la constitución de asuntos comunes al sector y su desarrollo.
Merece ser examinada la entrega a pequeños productores de millones de hectáreas de tierras ociosas en usufructo y no en propiedad:
La legislación cubana establece que la propiedad de los agricultores pequeños es objeto de tratamiento especial y la trasmisión de derechos es limitada, prohíbe el arrendamiento, la aparcería, los préstamos hipotecarios y cualquier acto que implique gravamen o cesión a particulares de los derechos emanados de la propiedad de los agricultores pequeños sobre su tierra (art. 19).
La Carta Magna reconoce la posibilidad del estado de expropiar bienes por razones de utilidad pública o interés social, con indemnización (art. 25). Llama la atención la importancia dada por la Constitución a la propiedad de los agricultores pequeños.
En los procedimientos de herencia el Ministerio de Agricultura desempeña un papel central, es el facultado para adquirir la tierra de propiedad individual y cooperativa, autorizar su trasmisión o adquisición, así como acreditar su posesión legal mediante certificaciones emitidas por el Registro a su cargo
Los derechos del dueño de una parcela son limitados, tanto que se refiere al uso que hace de la tierra y de los productos que obtiene, como las posibilidades de transferencia a terceros, salvo que sean del núcleo familiar.
La tierra y los recursos naturales pueden descomponerse en elementos básicos: el uso de los recursos, suelo, subsuelo, agua; las reglas sobre un espacio, lo que puede llamarse derecho de gestión y la posibilidad de transformar los derechos en el tiempo y de hacerlos circular entre personas o instituciones (venta, alquiler, préstamos, herencias).
Los derechos de la tierra y los recursos naturales no son establecidos una sola vez, sino que evolucionan de manera, al igual que la composición de los ¨paquetes de derechos¨ de cada sujeto, individual o colectivo (Merlet, 2011).
Que el estado guarde la propiedad del suelo no constituye una garantía en sí, esta entrega de derechos hizo más fácil la transferencia de grandes áreas de tierras a grandes empresas en países de Europa del Este.
La situación es contradictoria, entregar derechos de uso a usufructuarios puede ser más pertinente que entregar derechos de propiedad si existe el interés de la sociedad para favorecer la producción familiar, o por el contrario el desarrollo de estructuras agro-negocios sobre la base de tierras alquiladas.
La pequeña producción familiar no puede mantenerse si los productores no son capaces de controlar su desarrollo a través de las organizaciones. Con el cambio generacional las unidades de producción se dividen y la movilidad de la tierra es una condición para que el sistema perdure.
Las normas sobre movilidad de derechos sobre la tierra en la Isla están limitadas a quienes la trabajan y sólo se hacen efectivos al fallecimiento del dueño. La calidad de la educación y la posibilidad de empleo fuera del sector agrícola permiten reconocer que este sistema de herencia no provocó una división acelerada de parcelas, como ha sucedido en Latinoamérica.
Los representantes locales de la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños (ANAP) deben promover la revisión de los derechos efectivos asociados al usufructo de la tierra en el Proyecto de Constitución, para desarrollar un modelo agrícola de menor escala destinado a la producción de alimentos, sostenible en lo económico, social y medioambiental.
Los productores en zonas rurales
En países como Estados Unidos y Canadá, autodenominarse emprendedor significa adherirse a un modelo de agricultura intensiva y productivista, enmarcada en la Revolución Verde (Müller, 2010). Esta misma figura del campesino que practica una agricultura a pequeña escala y mezcla de saberes tradicionales sustentables se constituye en Francia (Morena, 2015), en oposición al modelo norteamericano.
Para estimular la producción privada y viabilizar el abastecimiento de alimentos a la población, se ha implementado un sistema de comercialización en que los pequeños productores designan su control renovado sobre las vías de comercialización de sus productos agrícolas, y es por esto que hablan de emprendimiento.
Por tanto, es sorprendente que los pequeños productores cubanos exponentes de la agroecología o de la permacultura, se identifiquen con la figura del emprendedor.
Ser emprendedor, significa ser su propio jefe, organizar su tiempo, tomar decisiones estratégicas, manejar su dinero, trabajar duro y obtener fruto directo de sus esfuerzos, vinculado a un sentimiento de autonomía.
A pesar del concepto, su comprensión es distinta por las condiciones materiales de la producción agrícola y la construcción de los actores sociales en marcos de entendimiento a partir de experiencias previas.
El hecho de no estar confinados a la producción de alimentos, sino a poder controlar eslabones de la cadena de producción, procesamiento y comercialización, como la oportunidad de diversificar los canales de venta para llegar a nichos de mercado, sin ser individualistas u oportunistas, estableciendo un sistema de comercialización diversificado a precios diferenciados, dividido entre el negocio y el servicio social.
El sistema de comercialización de los productores de la tierra juega con la dualidad monetaria y los precios, el turismo, las remesas familiares del exterior, el cuentapropismo y las empresas mixtas.
Es debatible la cuestión de precios libres y el papel de los intermediarios privados que contribuyen a la distribución de alimentos y se aprovechan del trabajo de pequeños productores que no disponen de medios para llegar a los consumidores.
Las altas ganancias obtenidas a través de la producción agrícola tienen como destino el consumo social y se distingue del cuentapropismo ubicado en zonas urbanas considerado como negocio, por la dureza del trabajo en el campo y por la idea de motivar al productor, y con ello, no afectar la seguridad alimentaria del país.
Ahora bien, la contribución del individuo al desarrollo económico del país se ha concebido de dos maneras:
1) Con su trabajo y dentro de una organización (administrativa, política o de masas), en la que participa en la creación de riquezas administradas por el Estado, encargado de su redistribución social.
2) A nivel local, donde el individuo se integra de manera participativa en el desarrollo de su comunidad en jornadas colectivas de trabajo voluntario.
Las actividades económicas y comerciales fueron concebidas a nivel nacional, internacional y local como prácticas regidas por principios de solidaridad, ayuda mutua y reciprocidad.
Con el proceso de descentralización de la economía, ha ocurrido un giro en la concepción del papel del individuo en torno a la producción del bienestar común, como eslabón relevante en el diseño del desarrollo económico.
En las parcelas donde cultiva junto a su esposa en los alrededores de Artemisa, Juan Antonio Martínez organiza muchas actividades de educación y sensibilización ambiental, con los jóvenes en particular. También presta este espacio a entidades estatales o la Iglesia Católica, para la organización de encuentros y talleres de capacitación, en colaboración con instituciones locales, escuelas, ANAP y delegados del Consejo Popular o del municipio. Se trata, de un trabajo voluntario realizado además de las actividades laborales. Su inserción en redes institucionales locales y con organizaciones no gubernamentales puede permitir que se incluyan en ocasiones en proyectos de desarrollo local.
Juan Antonio, concibe su inclusión en la comunidad y el mejoramiento del bienestar de la población con un trabajo desinteresado: ¨Las parcelas que cultivo no están dedicadas únicamente a la producción agrícola para el consumo propio y al desarrollo de la actividad económica de la CCS que me permita satisfacer necesidades, sino también a ser espacios sociales abiertos a la comunidad¨ (Juan Antonio, productor de CCS en Artemisa, Septiembre, 2018).
Esta visión constituye una herencia del compromiso promovido por la ANAP para la realización de trabajos agrícolas en el seno de las cooperativas, para desarrollar el empoderamiento y la educación popular, dirigida a convertir al individuo en motor impulsor de la comunidad (Chaguaceda, Daubelcour y González, 2012), o la obligación de las cooperativas agrícolas para destinar una parte de sus ingresos al desarrollo de las actividades en la comunidad.
Jorge Guillén, en cambio, considera: ¨mi principal contribución está relacionada de forma directa con la esfera económica. Esta contribución es por el arrendamiento de la vivienda, pero, sobre todo, mediante las redes comerciales con otros campesinos cuentapropistas ubicados en la zona rural y la creación de empleos con ingresos remunerativos¨ (Jorge, cuentapropista, Septiembre 2018)
Los entrevistados coinciden en que las nuevas formas pretenden establecer relaciones justas basadas en la valorización del trabajo y el desarrollo social, a pesar de todos los obstáculos materiales y la falta de conocimiento, que les motivó la sensación de retomar el control sobre sus vidas, de asumir de manera libre el mejoramiento de su calidad de vida. Cuando se integran en organizaciones colectivas, les une y valoran, su salida de la pasividad, situar al individuo en el centro de la actividad y medir su impacto en el entorno local, a partir de las relaciones personales.
Conclusiones
Se requiere reflexionar sobre el tipo de desarrollo y las estructuras de producción para el bienestar de la sociedad para construir mecanismos de mercado que permitan coincidir el interés individual con el colectivo, es decir, algunos derechos sobre la tierra como el arrendamiento.
La regulación de la comercialización y el Decreto Ley 358/18 tienden a favorecer el emprendimiento y el desarrollo de del cooperativismo como herramienta para el desarrollo social.
La entrega de tierras en usufructo en grandes cantidades a partir de la redistribución de las tierras ociosas y la revisión de la repartición de derechos entre individuos, familias, cooperativas, colectivos, empresas y entidades estatales constituye un cambio de paradigma para solucionar los desajustes de la economía agraria en Cuba
El estudio de los emprendimientos agrícolas muestra la necesidad de emergencia de nuevos modelos de desarrollo, orientados a la territorialización de las actividades.
En los casos estudiados, los individuos buscan contribuir al desarrollo del colectivo de forma pragmática mediante mecanismos locales de redistribución de la riqueza a través de salarios altos y el involucramiento de la comunidad, para traducir los objetivos de igualdad y equidad.
Bibliografía
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