La estrategia del gobierno cubano para enfrentar el impacto de la COVID-19 transita hacia una reforma de la política de empleo vigente con impacto en las relaciones económicas.
El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social anunció la sustitución gradual del listado de actividades de los cuentapropistas por otro que relaciona prohibiciones.
Se pretende unificar las actividades por labores en un perfil más amplio y los interesados han de presentar sus propuestas a las autoridades en sus territorios para su evaluación.
Por otro lado, los emprendedores cubanos carecen de un sistema de capacitación para el diseño de proyectos sobre ideas de negocios y esto crea mayores conflictos.
Se ha concebido la creación de puestos de trabajo en la administración pública a través del encadenamiento de los cuentapropistas con la empresa estatal y un alza de los impuestos.
La posibilidad de realizar un incremento salarial continúa latente y de realizarse incrementaría el proceso inflacionario, aumentando dramáticamente la deuda pública.
Aunque, se ha de liberar a los profesionales para el desarrollo del mercado interno y la generación de empleos, elementos que reactivarían el consumo a nivel local.
Hay que observar el contexto, pues las medidas han sido tardías y ocurren luego del cierre de los 450 mil negocios afectados con el pago de impuestos durante la epidemia.
Se han de promover análisis de riesgos e impactos de las transformaciones que se persiguen en la búsqueda del bienestar y en el cumplimiento de los objetivos de desarrollo 2030.