Las empresas estatales de Cuba apenas sostienen la oferta de productos de la canasta básica con destino a la población y se agudiza la crisis en sus cadenas de suministros.
Las Empresas Provinciales de Industria Alimentaria (EPIA) y la Cadena Cubana del Pan han arrendado sus instalaciones a micros, pequeñas y medianas empresas privadas nacionales.
Sin embargo; han comenzado a exigir a las mipymes les provean 100 Kg de harina al precio de 300 CUP por kilogramo; mientras tanto, el costo para los privados se eleva hasta 370 CUP por kilogramo.
Ante la negativa de los privados; los insensatos directivos de las empresas estatales amenazan a las mipymes privadas con el cierre del contrato de arrendamiento de locales.
Y le exigen a los privados la comercialización de productos sin base en la elaboración de fichas de costos; sumado a ello, un margen de utilidad que difiere al establecido por el Ministerio de Comercio Interior (MINCIN).
Tal mecanismo de presión por parte de las empresas gubernamentales constituye un delito tipificado, pues se extorsiona el ejercicio de actividades económicas de manera organizada y segura.
Las mipymes privadas nacionales han de hacer uso de los recursos legales y acudir sin falta a la sala de asuntos económicos de los Tribunales Provinciales de Justicia para hacer valer sus derechos.
En ningún caso; el déficit de materias primas de las empresas públicas puede soportarse por las mipymes privadas; menos aún, trabajar con pérdidas porque es causa de disolución de la sociedad.
Vale ganar cultura sobre los contratos económicos, para de buena fe y sin vicios ocultos entre las partes se respeten los pactos; así como, alcanzar la alianza público-privada en la Isla.
Además; promover los valores de la Economía Social de Mercado como soporte teórico en las políticas públicas e instrumento de capacitación orientado a los directivos del sistema empresarial cubano.