El Ministerio de Finanzas y Precios a través de las Resoluciones 301 y 302 regulan los precios de productos o servicios de los privados y no compensan los costos para la venta de productos del sector privado, capaz de hacer frente a la crisis financiera del país.
En este contexto, se otorga autonomía en la gestión a los gobiernos locales para colocar topes a los precios e incrementar los impuestos a los cuentapropistas hasta un 200%.
Por ello, no se promueven nuevas relaciones sociales de producción que formen y desarrollen una comunidad económica para la transformación del interés individual en social.
Los cuentapropistas que ha sufrido el impacto negativo de estas políticas se relacionan con la elaboración y venta de alimentos 56 600 (9%), transportación de pasajeros y de carga 51 263 (8%), arrendador de viviendas 34 610 (5%).
La alternativa, eliminar los precios regulados y proveer mecanismo impositivos, a los gobiernos locales para obtener fuentes de financiamiento a su gestión y al presupuesto del Estado.
Posteriormente, la administración pública debe orientar la contratación de bienes y servicios que ofrece el sector privado local, estos obtendrán mayores ingresos y pagarán más impuestos.
A partir de entonces, los gastos del sector público en un territorio serán menores que los del privado, motivando el incremento de la productividad y la generación de empleos.
Se trata de ganar-ganar tanto para los cuentapropistas como para el sector público, al implicar a todos los actores sociales hacia la disminución de una deuda pública ascendente a 11 395 600 000 de pesos.