Al cierre de 2022; las autoridades cubanas desmotivan la apertura de nuevas micros, pequeñas y medianas empresas privadas nacionales; pese a un agravamiento de la crisis económica.
El Ministerio de Economía y Planificación niega la aprobación de mipymes que posean un amplio espectro en las actividades declaradas en su objeto social y cuestiona el modelo de negocio de los inversionistas.
El Ministerio de Finanzas y Precios eliminó los beneficios fiscales tanto a las mipymes de nueva creación como a las resultantes de la conversión de trabajadores por cuenta propia.
Sumado a ello; los gobiernos provinciales han regulado el margen de utilidad – desde un 15% hasta el 30% – en lo relacionado a la producción de alimentos y los servicios gastronómicos.
Resulta atemporal la tasa de conversión implementada de 1 USD x 123.60 CUP y que hoy se aplica sobre los privados, situación que distorsiona la conformación de precios.
Los decisores han expresado públicamente que dichas medidas responden a la necesidad de aumentar la captación de ingresos al Presupuesto del Estado, a través del sistema tributario.
Sin embargo; inducen a incrementar valores en las ficha de costos de los productos – maniobra de los emprendedores para aumentar gastos – que luego deducen de impuestos.
A consecuencia ocurre un aumento en los precios finales, limitando el acceso al consumo de la población en el mercado interno y acrecentándose el actual proceso inflacionario.
De esta manera; todos los fondos captados al presupuesto a partir de afectaciones a la relación oferta-demanda pierden valor de cambio y una vez recolocados atraen el desastre.
Los hechos muestran cuan necesario es formar en competencias a los cuadros y funcionarios involucrados en la emisión de normas jurídicas relacionadas a la política económica del país.
Hay que abundar en los valores de la Economía Social de Mercado para salvar la nación y sembrar el deseo de la prosperidad en los corazones, pues su fruto es el bienestar social.