El Estado cubano ha reconocido internacionalmente que en Cuba existen manifestaciones de desigualdad y discriminación racial. No obstante, la propuesta oficial ha resultado insuficiente cuando no contraproducente en el terreno de las luchas y las ideas de los cubanos por sus identidades, sus derechos y demandas en los entramados socioeconómico y político. En pleno siglo xxi el problema de la desigualdad social y la discriminación racial hacia los afrodescendientes constituye un imperativo para la verdadera democratización de la sociedad cubana.
La población afrodescendiente cubana continúa siendo víctima de racismo y discriminación estructural producto no solo del legado histórico de la esclavitud sino por la ineficacia de las políticas gubernamentales en materia económica y social en un contexto altamente ideologizado, lo cual pone de manifiesto la brecha de desigualdad en el ejercicio de los derechos económicos, sociales y culturales de los afrodescendientes en relación al resto de la población, en momentos en que agudiza la crisis multidimensional del modelo de desarrollo económico social socialista cubano.
Pocos datos pudieran servir para demostrar lo que aquí se ha expuesto. Según el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, MTTS, para finales de 2019 las formas privadas de gestión aportaban el 25 % de la fuerza laboral del país, dándole empleo a 1,4 millones de cubanos entre creadores artísticos y literarios, audiovisuales, miembros de cooperativas no agropecuarias, trabajadores de organizaciones empresariales con inversión extranjera directa y trabajadores por cuenta propia.[1]
En 2019 el sector cuentapropista contaba con 621 mil trabajadores de los cuales el 34% eran titulares de un negocio y, de entre estos últimos, solo el 2.4% eran afrodescendientes. En cambio, en el año 2017 se registraron un total de 535 mil trabajadores por cuenta propia, y de ese total, el 2.6% de los titulares de negocios eran personas de origen afrocubano. Según estadísticas oficiales cubanas, el 94.5% de los y las afrodescendientes que son trabajadores autoempleados están en condición de contratados en servicios en actividades de muy bajo intensidad de conocimientos, bajo valor agregado sin encadenamiento productivo y con limitaciones significativas para su desarrollo.
En el proyecto Estudio de familias pobres en barrios perifericos de la capital se precisa que en 2018 más de 100 familias de afrodescendientes de los municipios habaneros de San Miguel del Padrón, Guanabacoa, Marianao, La Lisa y Cerro, con una poblacion total de 1.2 millones de habitantes, se obtuvo los siguientes resultados: el 65% de las familias presentan bajos ingresos que no cubren el costo de la canasta básica, precariedad de las viviendas, bajo nivel escolar, insalubridad y marginalidad.[2]
Lo anterior pudiera explicar los porqués del presupuesto 2017 del Estado destinado a la Asistencia Social se destinaron recursos financieros para la protección, por insuficiencia económica, a 184 mil 613 personas concentradas en 115 322 núcleos. Del total de asistenciados, el 65.7% son negros y mulatos.
En 2018, el salario medio en el sector estatal cubano representó el 20% del salario medio de los trabajadores contratados (no propietarios) en el sector cuentapropista de la Ciudad de La Habana. Sin embargo, en el ejercicio económico de 2018 el ingreso medio de los cuentapropistas negros resultó 45 % inferior al de los cuentapropistas blancos.[3]
[1] ¿Cómo se trabaja en Cuba? Balance 2019 del MTSS en Periódico Juventud Rebelde, domingo 19 de enero de 2020
[2] Trujillo Reyes M. Estudio de familias pobres en barrios perifericos de la capital. Centro de Estudios Demograficos, UH. 2019. Se aplicó la metodología del OCDE, así como el método Schuenke, 1998 (ambos son modelos de proyección de tipo probabilístico) para estudios de pobreza.
[3] Ídem, p. 23.