La compraventa de ganado entre el Estado y los particulares se ha convertido en una posibilidad de ingresos para los campesinos en Cuba, pero las trabas burocráticas y las cláusulas leoninas en los contratos limitan enormemente el mayor desarrollo de esta actividad.
Los mecanismos financieros aplicables para este tipo de actividad le imponen al campesino gravámenes excesivamente altos. Todos los productores agrícolas tienen que aportar el 2 % de sus ganancias para el fondo socio cultural de la Cooperativa y otro 5 % del valor de las producciones, conocido también como aporte por las ventas, al presupuesto del Estado, para un descuento total del 7 % de las ventas.
Por si fuera poco, este mecanismo impositivo se le aplica doble a los productores agrícolas de la occidental provincia de Mayabeque, en Cuba. Recordemos que esta provincia al igual que la vecina Artemisa son las 2 de nueva creación y en donde se aplican todos los nuevos sistemas que se generalizaran posteriormente a todo el país.
La Empresa, que es donde el campesino vende sus producciones, les descuenta el 7 % de lo vendido y en las cooperativas, que es la que tiene el contrato con la Empresa, le vuelven a descontar el 7 % a la hora de pagarle, argumentando que la Empresa no les reintegra el 7 % descontado anteriormente. En fin, el productor pierde el 14 % del valor de sus ventas solo en trámites que nada aportan para el incremento de la producción y comercialización de ganado en Cuba.