El régimen cubano planifica el Presupuesto del Estado para el 2021 y contempla una rectificación gradual de los precios, reforma salarial, pensiones y prestaciones de asistencia social para dar cumplimiento a los Lineamientos de la Política Económica del PCC.
Así, la Ley 137 del 2020 aprobada por la Asamblea Nacional del Poder Popular, contiene adecuaciones en la aplicación del sistema tributario, derivadas de la implementación del ordenamiento monetario y financiero, que devaluará el peso cubano en el mercado.
Se pretende captar ingresos que respalden la actividad presupuestada en función de alcanzar una redistribución de la riqueza, a través de regulaciones a la capacidad de liquidez de las asociaciones económicas internacionales y aplicación de límites de gastos.
Aún, quedan pendientes a revisión las ambigüedades en la planificación de las reservas con destino a subsidiar a personas naturales para acciones constructivas y sectores sociales en estado de vulnerabilidad, que han de cargar los gobiernos locales.
Los presupuestos provinciales que cubren los gastos corrientes de la actividad presupuestada se nutren a través de los aportes por concepto de ingresos por impuestos sobre las utilidades de las empresas nacionales ubicadas en los territorios.
De esta manera, la inquietante “tarea ordenamiento” sufre su mayor derrota antes de iniciar su puesta en marcha, por la incapacidad de la burocracia para generar nuevos mecanismos orientados a la descentralización de los procesos de toma de decisiones.
La situación amerita un cambio en el diseño de las políticas públicas, otorgando mayor espacio de participación a los gobiernos locales, flexibilización de la legislación para el ejercicio de actividades económicas y el mercado, según los valores de la economía social de mercado.