El régimen de La Habana promete oportunidades a la inversión de los pequeños y medianos empresarios privados; aunque, sostiene un ambiguo sistema tributario negado al desarrollo de los trabajadores por cuenta propia en el mercado nacional.
Los socios de las MIPYMES pagarán anualmente Impuestos sobre Ingresos Personales; con 5 tipos impositivos, que inician en un 3% aplicados a ingresos mensuales de hasta 75 000 CUP y concluyen en el 20% para valores superiores a los 350 000 CUP.
Los cuentapropistas utilizarán diferente escala de 5 tipos impositivos para abonar sus Impuestos por Ventas, transitando por un 15% sobre los ingresos anuales que se eleven hasta 10 000 CUP y finalmente un 50% sobre el exceso de 50 000 CUP.
Se aumentan para las MIPYMES los tramos en las escalas de ingresos mensuales, mediante reducidos tipos impositivos; en cambio, los cuentapropistas sufren el impacto de altas tasas sobre reducidos tramos en los ingresos anuales.
Los inversores extranjeros son limitados a relacionarse como socios de MIPYMES gubernamentales, a través de Sociedades de Responsabilidad Limitada; pero, quedan exentos de la Declaración Jurada al término del primer año de sus operaciones.
En el contexto, se otorgan facilidades a los inversores extranjeros en detrimento de nacionales; pese a que, éstos han empoderado a familias en estado de vulnerabilidad, articulando a los actores sociales con capacidad de resiliencia en las comunidades.
Hay que promover una reforma tributaria integral para garantizar márgenes de utilidad a los trabajadores por cuenta propia y favorecer la reinversión local, ésta ha de crear empleos sostenibles y aumentar el consumo en la economía doméstica.