Hace 24 meses escribí en esta plataforma digital del Observatorio de Derechos Económicos: “El actual ordenamiento jurídico para la protección al consumidor en Cuba deberá ser aplaudido solo si viene acompañada de cambios reales en el modelo de desarrollo económico, de tal manera que sea la iniciativa privada la que (…) despliegue todas sus potencialidades transformadoras en el tejido económico.”
En la nota en cuestión hacía referencia a la Resolución No. 54 del 2018, “Indicaciones para la organización y ejecución de la protección al consumidor en el sistema de comercio interno”, del Ministerio del Comercio Interior, Mincin, mediante la cual los productores y comercializadores cubanos de bienes y servicios tanto estatales como privados se obligan a establecer sistemas internos para implementar la protección al consumidor que incluya la compensación ante quejas y reclamaciones hasta que, en un futuro incierto, se apruebe la Ley de protección al consumidor no contemplada en el Cronograma legislativo 2019-22.
