LIBERTAD Y PROSPERIDAD PARA CUBA
A mediados del mes de Agosto del 2017, ocurre una tormenta local severa en la ciudad de Matanzas, de la occidental Provincia del mismo nombre en Cuba. Como consecuencias de este acontecimiento meteorológico ocurrieron varias afectaciones en el deteriorado fondo habitacional.
El campesino Roberto Reyes Torres es propietario de la finca La Esperanza, ubicada en el municipio Artemisa de la provincia del mismo nombre en Cuba.
Roberto es productor independiente y como cada año, tiene la producción de su cosecha de cultivos varios contratada con la base campesina. Esta semana cuando se dirige al centro de Acopio con el plátano para su entrega, previamente coordinado con la Cooperativa de Créditos y Servicios, le dan la tercer categoría sin valorar la buena calidad del cultivo llevado por Roberto, que ya lo había preseleccionado en su finca. El comprador del centro de comercialización (Acopio) sin ver el sacrificio del productor para cosechar y transportar su producto le da una categoría que no esta de acorde y a su vez le refiere que si no esta conforme con el precio pude irse por donde vino alegando que el no tenia destino para esa producción.
El campesino Juan Hernández Brito trabajó 7 años de forma estable y permanente en la finca El Batey en el Municipio de Artemisa, Cuba. La finca se encontraba en uso y disfrute de Jorge Ariel González González, el mismo abandona el país de forma definitiva quedando Juan en la finca al frente de todo. Para legalizar su estatus, Juan se dirige a la Empresa Agropecuaria para iniciar los tramites de solicitud por el Decreto Ley 300/2012 donde se establece que toda persona natural y ciudadano cubano tiene el derecho a solicitar tierra del fondo ocioso del patrimonio estatal siempre que cumpla con los requisitos establecidos. Una vez completado el expediente es presentado a todos los niveles establecidos donde fue aprobado sin reparos hasta al llegar a la Dirección Provincial de la Agricultura donde fue para su vinculación a una Cooperativa de Créditos y Servicio,,, y le fue denegada la tierra. Al notificarle la Resolución, el campesino decide utilizar el recurso ante el Ministerio de la Agricultura puesto que el cuerpo legal dice que la finca forma parte del grupo de fincas estatales llamadas 960 y que Juan puede ser trabajador de la referida pero no como usufructuario.
María del Carmen Torres Duconge es una de las herederas de la finca La Luisa ubicada en las afueras del municipio de Artemisa de la provincia del mismo nombre en Cuba, con una extensión de tierra en propiedad de 26, 84 ha de tierra. La misma es heredera de la finca dejada al fallecer su padre. María del Carmen se dirige a la Dirección Municipal de la Agricultura para iniciar el tramite, la registradora le dice que el expediente fue archivado por la Jefa del Registro de la Tierra y Tractores que se encontraba en el momento del fallecimiento del propietario, ya que ningún familiar se presentó en el plazo establecido.
El Observatorio de Derechos Económicos de Cuba convoca al Primer Concurso de Derechos Económicos, con el objetivo de motivar el pensamiento reflexivo y propositivo en un marco de pluralidad de criterios en la sociedad civil cubana.
Las transformaciones en la actividad por cuenta propia tienen un peso importante en la sociedad cubana, sobre todo si se tiene en cuenta que los “cuentapropistas” constituyen un porciento considerable del ejercicio de la fuerza laboral activa en Cuba, más de 567 982 al cierre del primer semestre de 2017. Sin embargo, ya comienza a apretarse el mecanismo reguladores del Estado al considerar a los emprendedores, -como coincidimos en llamarles en el FORACi1 e ICEA2 a los que desempeñan estas actividades, en función del logro del sustento diario-. Las recientes modificaciones al cuentapropismo, radican entre otras en ubicar a los vendedores en sus propias casas para el ejercicio de venta de enseres del hogar o alimentos, eliminación o restricción de actividades como los carretilleros y retiro de la actividad de arrendamiento o contratación en algunos de los casos. Esto se complejiza al ser cada territorio sin previo consentimiento, diagnóstico o consulta la que de forma radical y arbitraria aplica tales normativas.