Gobierno cubano topa precios máximos a la venta minorista de productos alimenticios por el sector privado; y para septiembre de 2024, inicia el cobro de aranceles de aduana a las importaciones personales de alimentos, aseos y medicinas, pese a que el 91% de la población desaprueba su gestión.
Las nuevas medidas no reconocen los problemas sociales que hoy tiene la Isla: relacionados a la crisis alimentaria, los apagones, la inflación, el bajo poder adquisitivo del salario, la sanidad y la corrupción; que afectan fundamentalmente a los adultos mayores y ciudadanos que no perciben remesas.
Persiste el hambre en 7 de cada 10 cubanos y sólo el 15% de los ciudadanos mantienen 3 comidas diarias; mientras la tercera edad sufre la falta de atención primaria, de medicamentos e insumos quirúrgicos en el sistema de salud pública y no posee acceso al mercado informal por sus costos.
El 12% de la población en edad laboral está desempleada, de ellos el 69% lleva más de un año en dicha situación y la tendencia es al alza e igualmente el 51% padece la inestabilidad e inseguridades que ofrece el auge de un mercado laboral informal.
Los datos revelan las malas prácticas de La Habana que por 65 años han estado más cerca de reproducir la miseria que de eliminarla, pues hoy más del 89% de la población cubana vive en la extrema pobreza y el 86% de los hogares está en la supervivencia.
Y culpar al embargo estadounidense de los problemas es suicidarse ante la televisión nacional, pues están siendo diezmados los habitantes de calle, sin techos e indigentes a causa de epidemias (dengue, orepuche, meningo, leptospirosis) provocadas por la acumulación de basuras.
La población cubana tiene un gran futuro, pero no cuenta con un presente; mientras su gobierno apenas sostiene un presente sin futuro, por lo que ambos deben equilibrar modelos europeos y norteamericanos orientados a los valores de la Economía Social de Mercado.