La corrupción administrativa de cuadros del Estado y del Gobierno está entre los peores males que tiene el régimen socialista. Alimentado como si fuera inherente al sistema, su impunidad ha acrecentado las brechas sociales, ha facilitado el desvío de recursos y ha constituido de los principales causantes de la miseria, las ilegalidades y el subdesarrollo del país.
Antes de la “situación coyuntural”, de las arremetidas tele-policiales y de la Covid-19, era muy común escuchar en nuestras calles vendedores ambulantes pregonando desde palitos de tendederas hasta elefantes color rosa. Estas acciones de ventas ilícitas han constituido históricamente punto de partida de numerosos hechos delictivos motivados en su cadena, por las penurias famélicas que sufre un sector de la población y las grietas de un sistema que posibilita lucrar robándose a sí mismo.
Los cuadros del Estado y del Gobierno, designados por el régimen para velar por sus recursos e intereses, son los principales coautores de las ilegalidades que pululan por todo el país. Los tipificados hechos en el código penal de prevaricación, cohecho y abuso de autoridad, se han vuelto una manera de obtener sustento económico. Así, los delitos contra los derechos patrimoniales y laborales, el uso indebido de recursos financieros y materiales, infracciones de las normas de protección al consumidor, etc. pasan impunes ante el Estado y pueblo, quien comienza a ver como normal, no virar del trabajo con las manos vacías.
Para la corrupción administrativa el Estado no tiene apuros, en definitivas, se le roba al pueblo y no directamente a ellos. Dedica más bien su tiempo, inteligencia y recursos en violar flagrantemente los artículos expresados en materia de derechos humanos en la Constitución. Queda claro entonces que la voluntad política del gobierno no es la de velar por los intereses del pueblo, sino más bien por la supervivencia de un sistema que, para que siga respirando, debe permitirle “algunas cosas” a sus secuaces.
Estos señores (cuadros del Estado y del Gobierno) ejercen su autoridad codeados de un equipo de incondicionales que, a cambio de obtener determinadas facilidades (como: asignación de cargos privilegiados, vehículos, horario abierto, puestos de trabajo, recursos y facilidades materiales, etc.) se someten a la voluntad del jefe obviando el marco legal.
Este accionar se ha generalizado al extremo de convertirse en un mal endémico imposible de controlar y/o eliminar. La conformación de normas jurídicas donde los controlados son quienes controlan, de visitas e inspecciones sorpresivas anunciadas, y de comisiones y auditorías colegiadas han sido más de lo mismo: una ensarta de acciones, todo está escrito o se escribe, pero en la práctica, nada se cumple.
La impunidad de la corrupción administrativa (encabezado por la casta de los Castros, López-Calleja y toda su camarilla) le ha costado, presumiblemente al país, tanto como daños y prejuicios del famoso bloqueo de los Estados Unidos. Sin embargo, de eso nadie habla. Mientras no nos desmembremos de esta anarquía rumbo a una verdadera democracia, seguirán imperando los intereses personales de unos pocos cuadros, por encima de los de un pueblo mísero y desprotegido.
