De multas y mucho más

El régimen cubano implementa políticas de control del mercado, a través de un duro sistema de contravenciones, multas y demás medidas. Así, el Consejo de Ministros emitió el Decreto 30 del  2021, aplicable a los pequeños y medianos empresarios privados nacionales.

Las sanciones estarán relacionadas con multas y decomisos, está ultima ha sido la práctica más común durante el pasado año por los inspectores, gobiernos locales, la policía nacional y los funcionarios de la Administración Central del Estado.

Las sanciones impuestas nunca son interrumpidas al interponer apelaciones por los empresarios nacionales. Pero, de ser declarada con lugar la demanda, la autoridad deberá resolver generalmente mediante indemnización en los 10 días posteriores a la presentación del recurso.

  • También, el pago de multas superiores a los 7 mil pesos deberá efectuarse dentro de los 30 días naturales siguientes a su imposición, que se duplica transcurrido el tiempo y de incumplir dicho aplazamiento, la instancia facultada formula la denuncia para dar inicio a un proceso penal.

La medida pretende captar recursos financieros para hacer frente a un elevado al déficit presupuestario, que tiene su originen en un incremento sostenido del gasto público no social, destinado a financiar la burocracia y el Partido Comunista de Cuba.

Nótese, que los emprendedores deben comprar dólares americanos o euros de manera informal, para acceder a insumos y equipos en la red minorista de tiendas en MLC, disparando la ficha de costos de los productos y servicios, hasta elevar los precios finales.

Se han de evitar cualquier intención represiva  que pretenda regular los precios de los privados, porque  aumentará la especulación y la devaluación de la moneda nacional, afectando a los consumidores, mayoritariamente trabajadores del sector público o de empresas presupuestadas.

Por ello, el Estado debe eliminar gradualmente las regulaciones a los precios, que paralizan la movilidad social de los distintos actores en el mercado, para llevar a cabo el buen orden económico y generar empleos dignos, bajo los principios de libertad y justicia social.

 

 

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