El sector tecnológico privado

Como se ha venido repitiendo en esta plataforma, el trabajo de profesionales universitarios en el sector por cuenta propia en el país sigue vedado hasta la actualidad, por lo que los universitarios y profesionales para entrar en el sector deben hacerlo ocupando puestos de baja calificación o asumirlo a espaldas de la ley.

Tal es el caso de los profesionales de la informática y las telecomunicaciones que aun enfrentan dificultades para prestar libremente sus servicios y habilidades profesionales de forma independiente o por cuenta propia.

No obstante, el pasado 2019, por primera vez en Cuba se emitió un paquete de normas jurídicas de rango superior que ordenan el proceso de informatización de la sociedad, publicada en la Gaceta Oficial, donde se reconoce la coexistencia de las formas estatales y no estatales en la industria cubana de programas y aplicaciones informáticas, con el Ministerio de Comunicaciones (MINCOM)

A grandes rasgos estas normas y en fundamental el Decreto no. 359 del 5 de junio de 2019. “Sobre el desarrollo de la Industria de Programas y Aplicaciones informáticas”, pretenden impulsar una industria nacional lejos de la influencia del software propietario, promover la exportación de productos y servicios, con participación de todas las formas de propiedad y gestión no estatal existentes en el modelo económico cubano para reducir importaciones y evitar la dependencia del extranjero.

Estas normas les atribuyen opciones ventajosas a los cuentapropistas del sector, ejemplo de esto, es la libre participación de personas naturales y el sector privado en el comercio tecnológico, fórmula establecida más allá del sitio Revolico.com y la protección a los creadores de programas y aplicaciones informáticas de acuerdo con las necesidades tecnológicas y de desarrollo del país.

También pretenden apoyar a la creación de empresas emergentes con posibilidades de crecer, más conocidas en este entorno como starups cubanas, a través de créditos otorgados por el Banco Central de Cuba con el fin de destinar recursos para el apoyo del desarrollo de la industria informática en el país. En las normas aparece, además, la aspiración del Gobierno de favorecer el desarrollo de la formula I+D+i en los distintos niveles de educación para generar capital humano con capacidades para desarrollar las Tecnologías de la información y la comunicación (TIC).

Sin embargo, hay que tener mucho cuidado para determinar hasta donde estas regulaciones benefician realmente a los cuentapropistas en esta área. El hecho de que digan que “fortalecen las entidades especializadas de las TIC” y “las empresas de la industria crean capacidades para la prestación de servicios profesionales en materia de consultoría, auditoría, capacitación y entrenamiento”, no debe ser considerado positivo, en tanto las formas no estatales de gestión en Cuba, aún no son reconocidas como empresas y las normativas dejan bien claro que la empresa estatal es el actor principal de la industria.

Esto nos hace comprender que una vez más las normativas del Gobierno cubano coartan y limitan el desarrollo el sector privado y que se pretende desarrollar el sector tecnológico sobre la base de los fundamentos del resto de la economía del país, donde la empresa estatal socialista es y será el ente fundamental.

A pesar de todo, los cuentapropistas de este sector siguen operando pese que la licencia que los autorizaría esta engavetada y esperan que salga junto al nuevo paquete de medidas como parte de la “Estrategia Económico-Social para el impulso de la economía y el enfrentamiento a la crisis mundial provocada por la COVID-19”, donde la política sectorial de las telecomunicaciones y el uso de las TIC es uno de los puntos fuerte dentro del sector de las telecomunicación, una de las áreas claves en las que se concentra el esfuerzo principal del país.

Esta nueva estrategia económica social le pone especial atención al sector de la informática y las telecomunicaciones, pues esta área incluye la informatización del país, con mostrado potencial que constituye un elemento clave para el desarrollo. Pero hasta dónde el Gobierno tiene intenciones de mejorar las condiciones y liberar algunas de las trabas bajo las cuales el sector está condicionado, hasta qué punto los cuentapropistas del sector podrán ser libres de comercializar programas, aplicaciones y servicios informáticos sin la autorización de los organismos sin que sea una violación o hasta dónde fabricar, transferir, instalar equipos y demás dispositivos para brindar, facilitar o recibir servicios asociados a las TIC, sin la correspondiente autorización este penalizado.

Son muchas las preguntas sin respuestas, las preocupaciones y trabas que ese sector tecnológico privado aún tiene por delante, por lo que ellos al igual que toda la ciudadanía cubana, estamos esperando como pan caliente la implementación de las nuevas normas para determinar cuan ventajosas y beneficiarias logren llegar a ser.

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