El gobierno cubano implementa un débil sistema de seguridad social en manos de la burocracia política, capaz de someter a investigación a los beneficiarios de las pensiones, que en situación de emergencia acudan a las instituciones públicas.
El Primer Ministro de la República de Cuba aprobó el Decreto Ley No. 25 del Consejo de Ministros “Modificativos del Reglamento de la Ley de Seguridad Social”, a los fines de asistir a los sectores vulnerables por insuficiencia de ingresos en sus hogares.
Así, la necesidad de protección de un núcleo familiar deberá ser avalada por los trabajadores sociales, las organizaciones políticas y de masas en la comunidad, delegados de circunscripción y alguna otra institución pública del entorno que se requiera.
Se ha dispuesto la realización de evaluaciones de solvencia económica a las Direcciones de Trabajo Municipal, órgano encargado de recepcionar las solicitudes de asistencia social, para entregar prestaciones monetarias eventuales o temporales, esta última por un período menor al de 1 año.
Además, se entrega prestaciones monetarias similares al salario mínimo y se incluyen un grupo de servicios sociales comunitarios e institucionales que buscan complementar las actividades diarias de los implicados; aunque, excluye del proceso la pobre calidad que presentan estas ofertas a nivel local.
El Partido Comunista de Cuba aprovecha del agravamiento de una profunda crisis económica y su impacto social, para construir una falsa imagen de consenso social entorno a él, a través de los mecanismos que garantizan la asistencia social a las personas en estado de riesgo.
Por ello, urge eliminar cualquier influencia de dicho partido en los procesos de toma de decisiones de la administración pública para formar una cultura del encuentro y dinamizar el empeño de diversos actores de la sociedad civil orientados a la construcción del bienestar social en la nación.
