La agricultura cubana y los nuevos impuestos

Entre tantas noticias relevantes de Cuba, hay una que ha pasado verdaderamente desapercibida para la opinión pública. Se trata de la medida tomada por el gobierno revolucionario de extender al resto del país, el cobro de impuestos sobre los ingresos personales a los campesinos propietarios y tenedores de tierras, lo cual se había realizado sólo a modo experimental en las provincias de Cienfuegos y Pinar del Río.

En primer lugar esta medida contradice la política gubernamental seguida hasta ahora de exonerar de impuestos a los campesinos a fin de alentar la entrega de tierras ociosas y revitalizar el deprimido sector agropecuario cubano. En segundo lugar esta sorpresiva medida informada a finales del mes de octubre del presente 2018, viola todos los principios legales del derecho tributario por cuanto la administración tributaria se dispone a cobrar retroactivamente impuestos sobre ingresos personales a los campesinos durante todo el año 2018, informándolo en octubre de este propio año 2018, sin haber alertado a los contribuyentes previamente para que pudieran justificar los gastos incurridos tal como señalan las leyes.

En la vida cotidiana esta medida se traduce como otra vuelta a la tuerca que desmiente todo atisbo de aperturismo por parte del nuevo gobierno de Díaz-Canel. A este nuevo mandatario, si es que se le puede llamar así por estar bajo la tutela de Raúl Castro, le corresponde tomar las medidas que sus predecesores los hermanos Castro no se atrevieron a tomar por impopulares y por su alto costo político. El sector campesino supuestamente ha sido un bastión de la revolución ha partir de las leyes de reforma agraria, pero con los años este apoyo se ha ido erosionando y esta medida es la gota que colma la copa, sumada a las constantes persecuciones que impiden a los campesinos disponer libremente de sus cosechas y ganados, quedando obligados a venderlos a bajos precios al monopolio estatal.

En todas las bases productivas se han realizados charlas o seminarios por especialistas de la Oficina Nacional de la Administración Tributaria (ONAT) para enseñar a los campesinos a pagar impuestos sobre los ingresos personales y llenar las planillas de declaraciones juradas. Se explicó que los ingresos anuales del año 2018, hasta 10 000 pesos están exentos de pagar impuestos. Que la base imponible serán los ingresos superiores a esta cifra y que de ellos el 70% se exonerará en concepto de gastos si se justifican debidamente estos gastos hasta el 50% de la base imponible. Aquí es donde la mula tumbó a Genaro, según el viejo refrán y comienzan las dificultades porque estos justificantes tienen que ser legales, es decir no se puede declarar la habitual contratación eventual de mano de obra ilegal, ni la compra de petróleo, herbicidas, alambres, y muchos otros insumos en el mercado negro. O sea que los campesinos bien poco podrán justificar de gastos. Sin embargo los funcionarios-inspectores de la ONAT han declarado extraoficialmente que mirarán para otro lado y que por esta vez no comprobarán la veracidad de las justificaciones de gastos. Refieren que por ahora lo importantes es actualizar los registros de contribuyentes contra los Registros de Tierras y comenzar a cobrar los impuestos.

Ante algunas tímidas protestas en los correspondientes seminarios, los funcionarios-inspectores de la ONAT han respondido que estos impuestos no son nuevos, sino que estaban aprobados desde el 23 de julio del año 2012 con la Ley 113 sobre el Sistema Tributario. Esta Ley por cierto además de recoger una tabla impositiva ascendente desde el 10% al 45% sobre la ganancia recoge otros impuestos a que están obligados a pagar los campesinos, como son: el impuesto sobre la venta, la posesión sobre la tierra y las tierras ociosas, de los cuales ya se cobra el de la venta y se está implementando el de las tierras ociosas por lo que el golpe sobre el campesino será demoledor, reflejándose en el cada vez más creciente desinterés sobre explotar las tierras agrícolas.

En un país democrático no sería un problema político tan grave pagar impuestos en el sector agropecuario, pero en Cuba sí lo es, particularmente por el hecho que los contribuyentes no controlan ni conocen el destino final de sus impuestos. Por ejemplo uno de los problemas más graves del sector es la destruida infraestructura de carreteras y caminos rurales, que se vuelven inaccesibles en primavera con las lluvias. Uno de los impuestos que pagan las bases productivas en Cuba es el 1% sobre las ventas para la Contribución Territorial para el Desarrollo Local. Sin embargo los gobiernos locales sólo pueden disponer del 50% del dinero obtenido por esta vía si los municipios cumplen con los planes de recaudación del impuesto, lo cual casi nunca ocurre. Pero peor todavía es que se ha filtrado en ocasionales trabajos periodísticos, como el trabajo Contribución territorial ¿para el desarrollo local? del periodista diputado Jorge Enrique Jerez Belisario de fecha sábado 10 de noviembre de 2018, en el semanario local camagüeyano Adelante, que este fondo para el desarrollo local se utiliza para otros fines como compra de muebles, de vestuario, de cárnicos o viandas o pagar los gastos corrientes de Seprotcam, una agencia de protección y seguridad del gobierno, o la Consultoría Jurídica, según un informe del Consejo de la Administración Provincial citado por el referido periodista. Esto sin contar que año tras año, se mantiene en secreto el fondo destinado en el presupuesto del estado por la Asamblea Nacional del Poder Popular para la defensa o represión. En fin que por el sistema burocrático reinante en Cuba y por el alto grado de corrupción existente, este nuevo/viejo impuesto sobre los ingresos personales agropecuarios va a destinarse a apuntalar al carcomido sistema y el resto se filtrará a los corruptos funcionarios gubernamentales, sin que se revierta en inversión para el depauperado sector agropecuario cubano.

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