El Ministerio de Agricultura emitió la Resolución 275/2024, para controlar las relaciones entre productores y comercializadores agropecuarios, pese al agravamiento de la crisis alimentaria.
La intención es hacer cumplir el Plan de la Economía de 2025 mediante el fortalecimiento de la empresa estatal socialista y la digitalización de las operaciones de cobros/pagos.
El escenario se complejiza al imponer un cronograma de contrataciones francamente desigual, pues subordina el sector privado al estatal y desmotiva las ya deterioradas bases productivas.
Sumado a que los campesinos hacen uso de tecnologías obsoletas atentando contra los marginales niveles productivos existente y denuncian la mala distribución de la propiedad de la tierra.
La medida a todas luces frena la autonomía de gestión de los productores y comercializadores locales, causa escasez y afecta negativamente la demanda en el mercado interno.
Pero, lo más interesante es observar cómo se pretende acercar la oferta de los productores agropecuarios nacionales a los grupos hoteleros extranjeros radicados en la Isla.
Las autoridades pretenden eliminar la pobreza, eliminado a los pobres; y para ello, utilizan el hambre como arma silenciosa que en su fase inicial enferma y finalmente mata.
Si bien estamos a tiempo de minimizar el impacto de tan malas decisiones y reconstruir una economía basada en la agricultura y la ganadería, es necesario devolverle su rol al mercado.
Es la Economía Social aquella visión humanista que abre sus puertas a quienes buscan alcanzar la prosperidad, la libertad y la justicia sin vulnerar las capacidades del otro.