El gobierno de Canel ha emitido una Ley de MIPYMES; aunque, a éstas les niega relacionarse con diversas fuentes de financiamiento, exhorta a la ciudadanía a emplear -en carácter de inversión- las remesas familiares provenientes del exilio.
Y los nuevos empresarios han de operar a ritmo de Sociedades de Responsabilidad Limitada, una vez que los socios realicen el 100% de los aportes -sean en bienes, derechos o dinero- sin posibilidad de adicionar progresivamente capital social.
Con el Decreto Ley 346, ha ocurrido un aplazamiento en la emisión de disposiciones legales que permitan la libre asociación entre inversores extranjeros y nacionales para la creación de empresas privadas, cuestión que disminuye la entrada de activos al país.
Las fuentes de financiamiento de los privados quedan restringidas a la obtención de créditos bancarios y a su inserción en Proyectos de Desarrollo Local; esta última, según los intereses del Plan de Desarrollo Territorial aprobado por gobiernos provinciales.
Nótese, la Resolución 251/2021 del Banco Central de Cuba donde se promueve el uso de criptomonedas entre instituciones financieras y personas jurídicas autorizadas; también, reconoce como actividad lícita al proveedor privado de servicios de activos virtuales.
Las micro, pequeñas y medianas empresas privadas de la Isla son mutiladas al intentar renacer, porque la injerencia del Partido Comunista frena su acceso a instituciones financieras no bancarias, fondos de capital privado; así como, a fondos de deuda.
Ante tal situación, se han de impulsar microcréditos que provean la entrega de capital semilla a los emprendedores, para incrementar la productividad, dinamizar los mercados locales y favorecer el crecimiento de la economía nacional.
