Hace 24 meses escribí en esta plataforma: “El actual ordenamiento jurídico para la protección al consumidor en Cuba deberá ser aplaudido solo si viene acompañada de cambios reales en el modelo de desarrollo económico de tal manera que sea la iniciativa privada la que (…) despliegue todas sus potencialidades transformadoras en el tejido económico.”
En la nota en cuestión hacía referencia a entrada en vigor de la Resolución No. 54 del 2018 del Ministerio del Comercio Interior, Mincin, mediante la cual los productores y comercializadores cubanos de bienes y servicios se obligan a establecer sistemas internos para implementar la protección al consumidor que incluya la compensación ante quejas y reclamaciones hasta que, en un futuro incierto, se apruebe la Ley de protección al consumidor no contemplada en el Cronograma legislativo 2019-22.
Regreso por la mismas razones que dieron lugar a la precitada nota y que guarda estrecha relación con uno de los problemas más abordado en este sitio desde 2017: la venta en las farmacias cubanas de blísteres sin el envase para su preservación y sin el prospecto o información elaborada por el fabricante farmacéutico para orientar al médico y al consumidor sobre aspectos tan importantes como las precauciones de empleo adecuadas, dosis, duración del tratamiento, interacciones medicamentas, reacciones adversas frecuentes, medidas a tomar en caso de sobre dosis, actitud en caso de omitir la administración de una o varias dosis, horarios.
Sin dudas es una información valiosa la que ofrece el prospecto. En su mayor parte solo las puede aportar el fabricante y el dependiente de la farmacia que atiende el público y le informa previa consulta del Formulario Nacional de Medicamentos.
Y ahí se presenta la otra situación que agrava el problema. Llegar a una de las casi 400 farmacias de La Habana y exigir el prospecto o la información necesaria para el uso racional del fármaco es una acción baldía so pena de ofender a los empleados quienes, en la generalidad de los casos, se encogen de hombros y niegan con un movimiento de cabezas. Nadie sabe nada. La culpa recae en la crisis económica, el consabido bloqueo yanqui o los bajos salarios que se les paga. Lo cierto es que la persona que despacha medicamentos en la Isla está mal preparada y no le importa atender al público, alega justificándose, porque luego de transcurrido dos años, sigue percibiendo mensualmente un salario básico de 305.00 pesos (equivalentes a 12.20 usd) obviando así su responsabilidad profesional.
El pasado 10 de junio quien escribe esta nota se tomó el trabajo de llamar a la Dirección de inspección del Ministerio de Salud Pública, a la Dirección técnica de BioCubaFarma, monopolio estatal con la misión de comprar las materias primas y medicamentos a su cartera de proveedores externos, producirlos en la Isla y en China, y luego distribuirlos en todo el país, y a la Dirección de Protección al consumidor del Mincin para interrogarles por esta situación que afecta a la población y viola la disposición de protección al consumidor.
Respuestas: Es verdad…, país bloqueado…, lo importante es garantizar el medicamento y después se deberá valorar otras consideraciones…