La crisis sanitaria ocasionada por el nuevo coronavirus se ha extendido en el tiempo mucho más de lo que la mayoría quisiéramos y ha puesto en jaque, si no a todas las economías del mundo, a gran parte de ellas.
En medio de la crisis sanitaria, se habla muy poco o nada acerca del medioambiente. Las prioridades de las personas y los estados resultan ser otras: la salud y economía de sobrevivencia. Así de simple. Pero para algunos cuentapropistas cubanos esa relación perece romperse.
El pasado 16 de octubre, 12 trabajadores por cuenta propia con licencia de recolector vendedor de materias primas se presentaron ante el Gobierno provincial de La Habana para protestar por las medidas de la Dirección Provincial de Salud Pública que les impide recuperar los desechos plásticos que contaminan varios ríos y riachos que atraviesan la ciudad.
La resolución sanitaria justifica la prohibición y la imposición de multas de hasta los 3 mil peos cubanos a los infractores de esa medida, alegando el peligro para la salud de los trabajadores por cuenta propia, pero obviado así el beneficio que reportaría la descontaminación de los ríos.
Según los recolectores vendedores de materias primas, las autoridades capitalinas, en la figura de un funcionario con rango de director, recibieron el pliego de los trabajadores por cuenta propia y quedaron en responderles en el término de 10 días, tiempo en los que no se podrá violar la normativa sanitaria.
Mientras tanto, los trabajadores por cuenta propia se quejan de que se les afecta su trabajo y sus posibilidades. Además, plantean que la acumulación de cientos de toneladas de desechos plásticos es de tal magnitud que provoca que los ríos se salgan de su curso debido a las frecuentes lluvias causando inundaciones desatendidas tanto por las autoridades sanitarias como por las de ciencia y medioambiente.
