Sin pausa y con prisa

La tensa y compleja situación económica de Cuba ha motivado la flexibilización del ejercicio privado de actividades económicas; sin embargo, persisten realidades adversas.

El desmantelamiento de la empresa estatal socialista y el trasvase de sus empleados hacia formas de gestión privada, aún no reduce sustancialmente la elevada carga pública.

La entrega de locales a las micros, pequeñas y medianas empresas sucede en ambientes de corrupción, involucrándose funcionarios públicos y administradores de unidades presupuestadas.

Es limitada la inversión de las remesas extranjeras en sectores como la manufactura y construcción; en cambio, se ha orientado a la gastronomía, alojamiento, transportación y el comercio.

Los volúmenes de compra de las mipymes no se ajustan a la práctica de las operaciones de compra-venta internacional y están sujetos a la intermediación de importadoras gubernamentales.

El contexto exige la liberación del ejercicio privado de los servicios profesionales como los asesores legales, para satisfacer las necesidades de empresas privadas nacionales.

Vale revisar los procesos de licitación en la entrega de establecimientos destinados a instalaciones productivas y de servicios, en concepto de usufructo o arrendamiento para su explotación.

Ha de autorizarse a los privados nacionales ejercer la actividad de agencia de viajes turísticos; y para ellos, concebir tarifas diferentes en lo referente a líneas telefonía y conexión a internet.

Se ha de eliminar la intermediación de entidades estatales en operaciones de comercio exterior e inversión extranjera, posibilitando la trasferencia de tecnología hacia los privados nacionales.

Fundamentalmente; quitar del medio las barreras en la contratación entre públicos y privados, para desarrollar encadenamientos y evitar las pérdida de ingresos en pagos o remesas al exterior.

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