El régimen de La Habana establece un notable incremento de precios a productos alimenticios, así como a servicios básicos que se comercializan por entidades estatales a precios minoristas.
La Asamblea Nacional del Poder Popular en los Acuerdos 8957,8958 y 8959 impulsa un proceso orientado a la eliminación de subsidios a la ciudadanía, que impacta en los más vulnerables.
Se amplía la capacidad de acceso por los trabajadores por cuenta a mercados mayoristas mediante tarjetas magnéticas, que presentan una oferta inestable y carente de calidad.
Además, resulta agravante la eliminación de los precios topados centralizadamente, mientras sucede un incremento de los impuestos de manera descentralizada.
Se implementarán nuevas tarifas a los servicios de abasto de agua y saneamiento, que han sido cuestionadas abiertamente por la población económicamente activa.
Obsérvese, el Ministerio de Finanzas y Precios maneja criterios de exclusión social en las políticas de conformación de precios, que reducen el consumo social a la canasta familiar normada.
Se prevé un mayor estancamiento del comercio interior, situación que afectará a los pequeños y medianos empresarios nacionales dispuestos a resistir el mal diseño de las políticas.
De esta manera, se alejan las capacidades de recuperación de la economía cubana y sobreviven los emprendedores asociados a la cúpula militar instalada en el poder.
Se ha de contratar a los privados locales para asistir a la población en riesgo y generar empleos en las comunidades, a partir de un adecuado uso del presupuesto.