Tarifas al desarrollo

El régimen de La Habana establece un notable incremento de precios a productos alimenticios, así como a servicios básicos que se comercializan por entidades estatales a precios minoristas.

La Asamblea Nacional del Poder Popular en los Acuerdos 8957,8958 y 8959 impulsa un proceso orientado a la eliminación de subsidios a la ciudadanía, que impacta en los más vulnerables.

Se amplía la capacidad de acceso por los trabajadores por cuenta a mercados mayoristas mediante tarjetas magnéticas, que presentan una oferta inestable y carente de calidad.

Además, resulta agravante la eliminación de los precios topados centralizadamente, mientras sucede un incremento de los impuestos de manera descentralizada.

Se implementarán nuevas tarifas a los servicios de abasto de agua y saneamiento, que han sido cuestionadas abiertamente por la población económicamente activa.

Obsérvese, el Ministerio de Finanzas y Precios maneja criterios de exclusión social en las políticas de conformación de precios, que reducen el consumo social a la canasta familiar normada.

Se prevé un mayor estancamiento del comercio interior, situación que afectará a los pequeños y medianos empresarios nacionales dispuestos a resistir el mal diseño de las políticas.

De esta manera, se alejan las capacidades de recuperación de la economía cubana y sobreviven los emprendedores asociados a la cúpula militar instalada en el poder.

Se ha de contratar a los privados locales para asistir a la población en riesgo y generar empleos en las comunidades, a partir de un adecuado uso del presupuesto.

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