Observatorio de Derechos Económicos

Adrián Rodríguez es trabajador por cuenta propia, titular de licencia de servicio gastronómico en cafetería y vecino de la Calle Concha No. 1124, en el capitalino municipio 10 octubre, denuncia al Observatorio de Derechos Económicos que con fecha 24 de enero le fue impuesta por un inspector de la Dirección Municipal de Trabajo y Seguridad Social una multa ascendente a dos mil pesos cubanos (2 000.00 CUP). La razón:  incumplir las normas higiénico-sanitarias o ambientales vigentes; según refiere el inciso (h) Artículo 7.1. Capítulo II Contravenciones personales y medidas aplicables de carácter general, establecido en el Decreto-ley No. 357 de las contravenciones personales en el ejercicio del trabajo por cuenta propia.

Muy rápido comenzaron los problemas o, mejor dicho, continúan y se agravan los conflictos, entre las instituciones gubernamentales cubanas, los inspectores y otros funcionarios de la burocracia y los Trabajadores por Cuenta Propia, TCP.

Como parte de la aplicación de las nuevas medidas de la política de ordenamiento del transporte autónomo, todos los TCP dedicados a la actividad del transporte han tenido que solicitar la reinscripción en las oficinas de la Dirección de Trabajo y Seguridad Social, DMTSS, y abrir las cuentas corrientes (fiscales) en el sistema bancario nacional (monopolio estatal) para depositar sus ingresos.

Denuncia 1

Vladimir Diaz Cardero, 66 años, vendedor ambulante en el Reparto “El Camilo” del municipio de Habana del Este. En dos ocasiones ha sido acosado y molestado por una pareja de inspectores de la Dirección de Inspección y Supervisión. La primera vez se le acercaron pidiéndole su licencia como Elaborador y Vendedor de alimentos y bebidas no alcohólicas de forma ambulatoria, además de intentar ponerle una multa ascendente a 100.00 CUP por estar sin moverse por un espacio de tiempo de más de 15 minutos en el mismo sitio. Vladimir pudo salir ileso de esa situación, mostrándole la mencionada licencia y alegando que estaba tomando un descanso en ese momento.

Solo se necesita hacer un recorrido por las tiendas recaudadoras de divisas, TRD, de esta oriental provincia cubana para apreciar cómo está la situación alimenticia: estantes y neveras vacías, incremento de precios de la carne de cerdo y la escasez de todo tipo de productos cárnicos.

A su vez comienzan a funcionar las restricciones de compra anunciadas en agosto del 2019 cuando comenzó lo que eufemísticamente los personeros del Gobierno cubano dieron en llamar “Periodo Coyuntural”, entiéndase: en el entorno de racionamiento actual los clientes solo tienen derecho a comprar dos paquetes de pollo, dos paquetes de salchichas o dos paquetes de hamburguesas. Como medida regulatoria: “… a todo aquel que infrinja este reglamento será multado y se le retirará el excedente de compra”, y el trabajador de las tiendas que facilite la ocurrencia de dichos ilícitos “será expulsado inmediatamente de su centro de trabajo.”

El pasado 5 de enero entró en vigor en todo el territorio nacional el nuevo paquete de normas regulatorias del transporte privado automotor, las cuales se relacionan con las licencias de operaciones, las cuales se reducen a las dos licencias: una, para la transportación de turistas y la otra a la población en general. La nueva norma exige también ser titular de una cuenta bancaria fiscal, la compra del combustible mediante tarjetas magnéticas controladas por una entidad bajo control militar y la eliminación total de la oferta y la demanda como elemento formador de los precios.  Según las autoridades nacionales, con estas nuevas medidas se lograrán tres propósitos: el beneficio de la población, las ganancias de los transportistas y el interés de Gobierno. 

A solo una semana de entrada en vigor de sendas Resoluciones del Ministerio del Transporte cubano disponiendo sobre la licencia operativa de transporte y el consumo mínimo y máximo de combustible aparecen las primeras dificultades relacionadas con la incapacidad del sistema de cumplir sus propias disposiciones legales.