El binomio Canel-Marrero otorga mayores oportunidades a los inversores extranjeros y nacionales, para enfrentar la peor crisis financiera del país; sin embargo, la política de empleo subordina los intereses de los privados a las necesidades de la empresa estatal socialista.
El cuentapropista queda limitado a emplear hasta 3 personas sujetas al mismo tratamiento jurídico que él, para frenar el actuar orientado a la organización colectiva de la producción, comercialización o de prestación de servicios.
También, las cooperativas podrán constituirse a partir de 3 personas, regulándose la contratación de trabajadores hasta tres meses en un año natural, para cubrir diversas actividades temporales y nunca podrá exceder el 10% del número de socios.
Las MIPYMES se constituyen sin prerrogativas en el número de socios; pero, las categorías se adquieren a partir de la cantidad de puestos de trabajo que se creen: micro empresas de 1 a 10, pequeñas empresas de 11 a 35 y medianas empresas de 36 a 100.
El gobierno pretende incentivar las inversiones al eliminar la Declaración Jurada a las personas naturales cubanas y extranjeras no residentes en la Isla, aprovechando el abaratamiento de las fuerzas productivas durante el actual proceso inflacionario.
Por otro lado, intentan controlar la concentración de propiedad y riqueza, mediante la prohibición de cualquier participación de un socio en más de una cooperativa; y de igual manera sucede con todos aquellos vinculados a las MIPYMES.
Hay que implementar con urgencia mayores reformas, para favorecer con un ambiente económico estable a los emprendedores, quienes en la última década han sido capaces de generar más de 1 millón de empleos dignos en nuestra sociedad.