La incertidumbre planificada

El pasado 16 de julio de 2020 el gobernante Díaz-Canel lanzó un grupo de medidas para hacer frente a la crisis económica actual tras el impacto de la COVID-19.

La propuesta elimina el gravamen del 10% que se imponía a las remesas familiares en dólares americanos, incrementando el consumo de los hogares y elevando las desigualdades sociales.

El anuncio de una ley de empresas permitirá la inversión de los nacionales basado en su carácter complementario, quienes serán controlados a través de una excesiva política tributaria.

Se otorgará autonomía a la empresa estatal como garante de un mercado mayorista, lo que impide la generación de nuevos puestos de trabajo a los privados.

Aunque se implementará una política tributaria orientada a las exportaciones, existe una alta demanda de equipos e insumos adquiridos en el exterior que aumenta los costos de bienes y servicios.

El régimen ha reformado 209 lineamientos de la política del PCC y reducido los indicadores del Plan de la Economía 2020, disminuyendo del financiamiento al gasto público.

Es interesante la similitud de estos elementos con la crisis de los años 90, donde fue significativa la caída del salario real, el deterioro de la intensidad y productividad del trabajo.

Pero, aún quedan por eliminar los subsidios a las empresas con pérdidas del sector estatal y desarrollar formas de apoyo fiscal en beneficio del comercio interior que se traduce en inversiones y empleos.

En síntesis, es necesario coordinar acciones entre el sector público y el privado en igualdad de condiciones para aumentar los ingresos al presupuesto del estado y asistir a los sectores más vulnerables.

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