Hace 24 meses escribí en esta plataforma: “El actual ordenamiento jurídico para la protección al consumidor en Cuba deberá ser aplaudido solo si viene acompañada de cambios reales en el modelo de desarrollo económico de tal manera que sea la iniciativa privada la que (…) despliegue todas sus potencialidades transformadoras en el tejido económico.”
En la nota en cuestión hacía referencia a entrada en vigor de la Resolución No. 54 del 2018 del Ministerio del Comercio Interior, Mincin, mediante la cual los productores y comercializadores cubanos de bienes y servicios se obligan a establecer sistemas internos para implementar la protección al consumidor que incluya la compensación ante quejas y reclamaciones hasta que, en un futuro incierto, se apruebe la Ley de protección al consumidor no contemplada en el Cronograma legislativo 2019-22.
